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  • Las grandes empresas españolas consideran que hay muy poca estabilidad en las normas tributarias

 
Un estudio realizado por un equipo de investigación de Comillas, por encargo  de la Fundación Impuestos y Competitividad, concluye que las grandes empresas españolas, aunque en general se muestran moderadamente satisfechas con el sistema fiscal de nuestro país y muy satisfechas con su grado de modernización tecnológica, consideran que hay muy poca estabilidad en las normas tributarias -lo que entorpece seriamente sus decisiones de inversión-, piden mayor claridad y simplificación de las normas y demandan a la Administración mejor disposición y apertura al diálogo, tanto en lo relativo a la elaboración de un nuevo ordenamiento como en su consiguiente aplicación práctica.

El grupo de investigadores que ha trabajado en este proyecto lo forman Miguel Juárez, Director del Departamento de Sociología y Trabajo Social; Ana María Huesca, profesora del mismo departamento; José Antonio López, Director de la Unidad de Investigación y Estudios Sociales (UIES), y Ramón Casero, profesor del Departamento de Derecho Económico y Social, secundados a su vez por un equipo de colaboradores de la UIES. Los tres últimos citados han elaborado el informe general derivado del estudio.  

El proyecto auspiciado por la Fundación Impuestos y Competitividad, creada hace un año, obedece a la iniciativa de ocho prestigiosos despachos especializados en el ámbito fiscal con el objetivo de contribuir a la revisión, innovación y mejora del ordenamiento y la práctica tributaria de España y la Unión Europea, en beneficio de la competitividad española.

La muestra incluye respuestas de un total de 220 grandes empresas y grupos multinacionales radicados en España que contestaron un cuestionario precodificado, aplicado por internet, con seguimiento personalizado, y la encuesta se cerró con casi 150 entrevistas en profundidad que añadían un complemento cualitativo al análisis cuantitativo alcanzado con el cuestionario.  

Los resultados indican que las empresas se muestran satisfechas con el sistema fiscal español (52 por ciento), al que conceden una nota media del 6,63 (sobre 10), considerando que las tres figuras tributarias más gravosas -en términos de cuota, gestión, conflictividad y riesgo fiscal- son, por este orden, los impuestos sobre sociedades y sobre valor añadido, y las retenciones a cuenta.

De forma rotunda (94,44 por ciento) los encuestados coinciden en que es necesaria la simplificación y aclaración de las normas tributarias. En su opinión (78 por ciento) hay poca o ninguna estabilidad en dichas normas y ello entorpece bastante o mucho las decisiones de inversión de las empresas (73 por ciento).
Las grandes empresas consideran (68 por ciento) claramente insuficientes las ventajas fiscales para la internacionalización de la actividad empresarial española o (80 por ciento) para favorecer la localización de empresas en España. En cuanto a los incentivos fiscales, el 71 por ciento de los encuestados cree que la aplicación administrativa les ha dado poca o ninguna efectividad; en particular, en casos como el "Fondo de Comercio Financiero", "la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles" y el "régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros".

Las grandes empresas españolas se sienten perjudicadas por la economía sumergida, que consideran nociva. El 95 por ciento opina que hay bastante o mucha economía sumergida y que esta realidad, no suficientemente superada, incrementa bastante o mucho la presión o la carga fiscal sobre los contribuyentes.

En lo relativo a la aplicación práctica del sistema tributario, la encuesta analiza los procedimientos y plazos vigentes, así como las relaciones de las empresas con la Administración. En este aspecto, las grandes empresas coinciden en calificar como  "relevante" el incumplimiento de los plazos en expedientes tributarios, tanto en los procedimientos en la vía económico-administrativa como en la vía jurisdiccional (por encima del 70 por ciento consideran que hay poco o ningún cumplimiento).

Las empresas dan la misma calificación a la falta de motivación de los actos (poca o ninguna) dictados en procedimientos de "comprobación limitada y gestión en general" (54 por ciento), "expedientes sancionadores" (54 por ciento) y "resoluciones de recursos de reposición" (63 por ciento).

Las empresas entienden poco o nada útiles el recurso de reposición (76,92 por ciento) y la vía económica administrativa (52,3 por ciento); así como la doble instancia en esta última vía (77,2 por ciento). Y estiman (por encima del 70 por ciento) que en pocos o en ningún caso los tribunales económico-administrativos revocan los actos administrativos impugnados.

En lo relativo a sus relaciones con la Administración, destacan de forma significativa (entre el 61 y el 74 por ciento) que hay poca o ninguna disposición al diálogo y a la apertura por parte de la autoridad tributaria en la aplicación del sistema fiscal. Asimismo, un 84 por ciento opina que la Administración tiene poca o ninguna receptividad a las peticiones de las organizaciones empresariales en los procesos de aprobación de nuevas normas. Las grandes empresas perciben como bastante o muy necesaria una jurisdicción especializada en la interpretación de normas tributarias (92 por ciento).

Una amplísima mayoría de encuestados (96 por ciento) valora muy importante y positivo el grado de modernización de la Administración Tributaria, donde destacan los sistemas digitales desarrollados en los últimos años y, en concreto, la introducción de las notificaciones electrónicas (69,86 por ciento). 

El estudio fue presentado oficialmente en un acto presidido por el Rector de Comillas, Julio L. Martínez, SJ, en el que los autores del informe general de la investigación reflejaron los resultados más significativos de la investigación y su metodología.

Ricardo Gómez-Barreda, Presidente de turno de la Fundación Impuestos y Competitividad, señaló que el proyecto se puso en marcha porque existía la percepción de que había muchas cosas que se podrían mejorar en nuestro sistema tributario en aras a hacerlo más eficiente. Si algo nos aqueja, agregó Gomez-Barreda, es la falta de competitividad de nuestro sistema económico, por lo que se pensó que el sistema fiscal tiene áreas en las que un esfuerzo de análisis sosegado podría reportar beneficios para el conjunto de la sociedad española, la Administración Tributaria y las empresas. Para ello, continuó, nada mejor que huir de apriorismos y presunciones y preguntar a un sector muy determinado y clave en el funcionamiento del sistema tributario como las grandes empresas cuál era su visión sobre el funcionamiento del sistema.

Pilar González de Frutos, Vicepresidenta de la CEOE, resaltó en su intervención algunos aspectos del estudio. Le llama la atención, por ejemplo, que las grandes empresas valoren que nuestro sistema fiscal tiene una vocación fundamentalmente recaudatoria, cuando podría ser compatible con otras vocaciones razonables. Y destacó, como ejemplo de piezas mal utilizadas, entre otras, la precariedad que se atribuye a los plazos para el cumplimiento de la normativa tributaria o los procedimientos aplicados en el ámbito de la gestión y de los expedientes sancionadores, lo que contrasta con el incumplimiento sistemático de plazos cuando de reclamaciones y recursos se trata. Subrayó también la Vicepresidenta de la CEOE la percepción empresarial de que hay poca disposición al diálogo por parte de la Administración o que en el ámbito de la inspección se produzca un fuerte traslado del esfuerzo de comprobación a las espaldas de los propios contribuyentes.

El Director General de la fundación, Ginés Navarro, se mostró satisfecho por la labor del equipo investigador que ha preparado un cuestionario amplio y ambicioso, y por el prestigio académico y la independencia de la universidad. Al expresar las primeras valoraciones de los resultados, resaltó aspectos como la nota media de aprobado alto al sistema fiscal en su conjunto, que una amplia mayoría piense que se debe simplificar el sistema fiscal, que las interpretaciones de las normas lleguen con excesivo retraso y la opinión generalizada de que las normas tributarias son muy inestables.

El Rector cerró el acto expresando su satisfacción porque la universidad intervenga en investigaciones como la que se había presentado, porque su función no es sólo formar alumnos, sino ser útil a la sociedad, como en este caso, a través de la colaboración con el mundo empresarial.

17/07/2012

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