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  • Los juristas coinciden en que la reforma laboral será positiva si los empresarios usan las medidas con responsabilidad

La Facultad de Derecho (ICADE) y AGM Abogados organizaron en la universidad una jornada sobre la reforma del mercado laboral, denominada "Primeras reflexiones sobre el R.D. Ley 3/2012". En ella, profesores de Comillas y profesionales de la firma fueron abordando los distintos aspectos de la ley, tanto los más polémicos como los que han pasado desapercibidos. En las distintas exposiciones se repitió la idea de que la reforma alcanzará sus objetivos de creación de empleo, en la medida en que los empresarios hagan uso de las distintas herramientas con responsabilidad, "de buena fe". "Es la reforma del ejercicio responsable", resumió Dolores Carrillo, Directora del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE).

Entre las medidas para el fomento de la contratación estable, destaca el nuevo contrato indefinido para Pymes, también conocido como "contrato de emprendedores", cuyo aspecto más discutido es el período de prueba de un año, que Javier Márquez Pérez, letrado de AGM, calificó de excesivo. La profesora María José López Álvarez aseguró que, aunque existía un cierto miedo a crear un nuevo contrato temporal, ésta es una manera de temporalizar los contratos, además de que "está desnaturalizando el período de prueba". "Va a haber picardía", reconoció Márquez. Por su parte, Joaquín Abril Sánchez, Socio Fundador de AGM, considera que, si se usa para lo que está previsto, puede ser bueno, ya que conseguiría que los empresarios pierdan el miedo a la contratación. Con todo, dijo, la ley deja una puerta abierta al fraude y el uso ilícito del periodo de prueba puede ser, no sólo fraudulento, sino inconstitucional. Además, esta fórmula prima la contratación del trabajador que está cobrando la prestación de desempleo, lo que cumple con el doble objetivo de reducir el paro y ahorrar costes al Estado, pero corre el riesgo de expulsar permanentemente del mercado a las personas que llevan más tiempo desempleadas.

La profesora López Álvarez presentó las distintas medidas previstas en la norma para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, entre las que se encuentran el citado contrato para emprendedores, la intermediación de las empresas de trabajo temporal o el contrato de formación. Éste último, "el más reformado de la historia de la legislación laboral", pretende lograr tanto el fomento del empleo como la formación de los trabajadores. Las principales diferencias son el establecimiento de una edad máxima de 30 años, vinculada a una tasa de desempleo del 15 por ciento, y la posibilidad de encadenar contratos, aunque para distintas actividades. "Se ha primado la cantidad sobre la calidad", afirmó la ponente.

Menos poder sindical

La flexibilidad interna de las empresas y la negociación colectiva son otros dos aspectos fundamentales en la ley. Para Ana Matorras Díaz-Caneja, se pretende demostrar que hay medidas alternativas al despido. El sentido de la reforma y las medidas de ajuste buscan promover la flexibilidad interna en los centros de trabajo por dos vías: la negociación colectiva y los ajustes unilaterales. Los representantes sindicales sólo mantienen el derecho a ser consultados en las modificaciones colectivas y se abre la puerta a ajustes selectivos sin consultar con los sindicatos. "Aunque se ha quitado poder a las centrales sindicales, creo que a la postre generará mayor sindicación y organización de la plantilla en el centro de trabajo, para negociar el convenio", dijo Matorras.

"Se abre un nuevo marco en la negociación colectiva", anunció Joaquín Abril. El descuelgue, antes sólo salarial, se extiende a otras materias. El convenio empresarial tendrá prioridad sobre el estatal, autonómico o de ámbito inferior, en determinadas materias. "La reforma vacía de contenido el sindicato como ente y le da su poder a la sección sindical de la empresa. Se puede hacer un sistema de relaciones laborales a medida, que permita el descuelgue en unas condiciones y dar prioridad en la negociación de otras".

Albert Toledo Oms, abogado de AGM, considera que las medidas de flexibilización han sido infravaloradas. "Se incentiva que antes de rescindir el contrato de trabajo se acuda a la reducción o suspensión", dijo. En ambos supuestos, desaparece la autorización administrativa, con lo que el legislador pretende reducir plazos e intenta agilizar el proceso y permitir a la empresa adaptarse a la situación económica.

Las modificaciones en extinción de contratos afectan a los despidos colectivos y por causas económicas, así como a sus aspectos económicos. La letrada Noelia Rodríguez Suárez, de AGM, presentó la nueva redefinición de las causas de despido colectivo. Hasta ahora, se establecía como referencia una situación negativa, lo que provocaba una amplia litigiosidad que, unida a la autorización administrativa ahora suprimida, alargaba en exceso los procesos. Hoy, la ley hace una definición exacta y no interpretable, lo que evita pronunciamientos divergentes. 

La flexibilización de las causas de despido objetivo hará que esta sea la principal herramienta de las empresas para reducir plantilla, afirmó Dolores Carrascosa Bermejo, redactora social de Francis Lefebvre y profesora de Comillas. "La reforma puede no querer que se produzcan los despidos, pero los facilita", aseguró. El Gobierno ha querido dar certeza al empresario sobre el coste del despido, por eso elimina los salarios de tramitación. 

Los profesores Manuel Sánchez-Cervera Valdés y Carlos Saldaña explicaron a los asistentes los aspectos económicos del despido y el cálculo de cuantías de las indemnizaciones.

27/03/2012

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